El pasado lunes y martes (20 y 21 de enero) tuvo lugar en Madrid el III Foro de Transparencia y Buen Gobierno Chile-España, un encuentro que, como afirmó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (España), José Luis Ayllón, «transita entre continentes, surca un océano, hermana a dos naciones amigas y vincula a universidades, parlamentos e instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil". Con esta mezcla, el resultado no podía ser cuanto menos interesante.
Por unas horas, los más de diez mil kilómetros que separan Chile y España parecieron disiparse. Los diputados y personalidades de ambos países congregados en la sede del Senado de España (organizador del acto, junto con la Fundación Chile-España, la Universidad de Alcalá y la Pontificia Universidad Católica de Chile) coincidieron en señalar el significativo papel que juega la transparencia y el buen gobierno en la construcción de sólidas democracias. Porque, en palabras del diputado español Pedro Gómez de la Serna, «no existe poder legítimamente desarrollado sin ejercicio transparente del mismo poder».
Justo ahora que España cuenta con una ley que regula estas materias (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), parecía más que oportuno dedicar la tercera edición de este Foro a exponer los retos que se le presentan a nuestro país ante la implementación de la mencionada ley pero, sobre todo, a conocer las lecciones aprendidas por Chile, una vez han pasado más de cinco años desde la aprobación de su Ley nº 20.285 de 2008 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. Precisamente sobre este propósito versó la ponencia del senador chileno Hernán Larraín, quien compartió con los asistentes estas diez lecciones extraídas de la experiencia de Chile:
1. Una iniciativa de esta «envergadura» solo es posible si se impulsa de forma transversal.
2. Las reservas de acceso a la información deben ser excepcionales: «ahora la información es de los ciudadanos y, excepcionalmente, las autoridades pueden reservar alguna materia de su conocimiento».
3. En esta materia, se hace muy difícil tener un proceso de reclamación real por la vía de los Tribunales de Justicia. El Consejo para la Transparencia es una alternativa más acertada para la resolución de reclamaciones.
4. La Transparencia está estrechamente ligada a la lucha contra la corrupción: «en la medida que uno abra las puertas y las ventanas y cierre su actitud temerosa, avanzará en esta batalla». De ahí que hablen de "Transparencia y probidad" porque avanzar en estas materias, dijo, requiere también de «un marco ético que asegure la integridad de los funcionarios y las autoridades públicas.
5. Disponer de un órgano autónomo especializado en esta materia, como es el Consejo para la Transparencia, es fundamental no solo para resolver las controversias sino también para fiscalizar el cumplimiento de las normas, para educar y capacitar a los funcionarios, para difundir información a la ciudadanía y para realizar estudios sobre el grado de avance, entre otras cuestiones.
6. Para avanzar en este tipo de reformas, hay que hacerlo de otra manera pues conlleva un cambio de hábitos culturales. De ahí que haya que buscar aliados estratégicos en los medios de comunicación y en los organismos de la sociedad civil para empoderar a la ciudadanía.
7. Es esencial establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos: «no hay verdadera participación sin información».
8. Debe haber la obligación de una verdadera rendición de cuentas (de logros pero también de fracasos) por parte de las autoridades (accountability) de manera que los ciudadanos puedan saber realmente lo que está ocurriendo en cada administración pública.
9. Como se trata de un proceso global, existen muchas organizaciones internacionales (como la denominada Open Government Partnership) que están trabajando en ello. Hay que integrarse en ellas, pero se debe incorporar también a los Parlamentos y a la sociedad civil.
10. La responsabilidad política de tener esta materia funcionando debe recaer en el Parlamento, «hogar natural de la democracia en nuestras sociedades», ya que en él está todo el espectro político representado.
Al considerar los problemas que presenta la implementación de la Ley en nuestro país, José Enrique Serrano, diputado español, aludió a la excesiva cláusula de entrada en vigor (un año para la 1ª parte; y dos años para el resto), al alto coste (en tecnología, formación, recursos humanos...) y a la necesidad de homogeneización y simplificación de las obligaciones. Pero, sobre todo, y en ello coincidieron todos los ponentes de aquí y allá, la Ley exige un cambio cultural que, según resaltó el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Jorge Jaraquemada, «va a tomar tiempo». Además del desafío cultural, Jaraquemada destacó otros cuatro importantes retos: romper con la resistencia al cambio, lograr estándares mínimos de transparencia, superar asimetrías institucionales y concebirlo como una oportunidad de inversión. Como concluyó: «la transparencia es extremadamente rentable en términos de mejorar o generar credibilidad y confianza institucional», cuestiones ambas de especial trascendencia para el futuro de las sociedades democráticas de una y otra orilla.
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