Estado de la Unión

«Ha llegado el momento de que nosotros, las instituciones, los gobiernos, los ciudadanos, asumamos, todos, la responsabilidad de construir esa Europa. Juntos». Así terminaba el Presidente Juncker su discurso sobre el estado de la Unión el pasado 14 de septiembre ante el Parlamento Europeo.

Partiendo de una afirmación, «nuestra Unión Europea se encuentra, al menos en parte, en una crisis existencial», el Presidente de la Comisión Europea (CE) se mostraba firme ante los retos a afrontar en los próximos doce meses: «tenemos que avanzar hacia una Europa mejor: una Europa que proteja, una Europa que preserve el modo de vida europeo, una Europa que empodere a nuestros ciudadanos, una Europa que vele por su seguridad interna y externa, y una Europa que asuma sus responsabilidades». 

Todo ello, con una visión a largo plazo que se articule en torno a los valores europeos de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Estos principios europeos, que están íntimamente relacionados con los Valores Comunes de las Profesiones Liberales de la Unión Europea, abanderados por el CEPLIS, vertebrarán las inminentes políticas y  futuras normativas de la Comisión Europea. Todas ellas podrán encontrarse, como ya comentamos en su momento, en el apartado dedicado a las leyes en curso EUR LEX. 

Asimismo, ha sido presentada la iniciativa «Legislar mejor», de la que se espera sirva en el futuro para obtener beneficios tangibles para los ciudadanos europeos y hacer frente a los desafíos comunes a los que se enfrenta Europa. 

Para no perderse en las normas, programas y actuaciones (europeas)

Normas que están y normas que vienen. Competencia, Medio Ambiente, Salud, Empleo, Mercado Interior, Educación, Justicia, Agenda Digital... Son solo algunas áreas de impacto para las profesiones liberales. Todas ellas, con profusa normativa europea con alcance directo en nuestro país.

Hablamos, estos meses, de las nuevas Directivas de reconocimiento de cualificaciones profesionales o de la protección de datos. También, de la revisión de la Directiva de servicios, de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores o de la muy reciente agenda para la economía colaborativa. Existen, no obstante, multitud de directivas, reglamentos, decisiones, comunicaciones, programas o recomendaciones que nacen en Bruselas y tienen un efecto directo sobre el ejercicio de las profesiones, sobre su desarrollo y sobre su futuro que, quizá, nos pasan desapercibidas o conocemos menos.

¿Cómo encontrarlas? Agrupadas por temática y desglosadas al detalle, en este enlace.

Consumidores: Mapa legislativo para no perderse

Resulta útil saber cuando hablamos de "derechos del consumidor" donde encuentran éstos su apoyo normativo. Sin una adecuada proyección legislativa, estos derechos se verían "cojos" y el camino para hacerlos valer sería (aún) más complicado. Ante la desprotección que padecen en
no pocas ocasiones los consumidores, es imprescindible asegurar, además, que éstos conocen y comprenden la legislación que les ampara. Es la propia Constitución Española, en su artículo 51, la que instaura los principios que han de servir de base para la defensa de los consumidores y usuarios. Con este punto de partida, ha sido cuantiosa la legislación que en nuestro país ha abordado esta materia.

Un poco de historia
Hace ya 30 años, en 1984, se aprobaba por las Cortes Generales la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la defensa de consumidores y usuarios. Fue una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y usuarios, sumada a la conveniencia de adaptar la normativa a los nuevos escenarios y a las necesidades modernizadas de los ciudadanos por lo que, 22 años después, se adoptó la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Este desarrollo normativo en nuestro país se veía complementado por numerosas Directivas comunitarias que venían también reflejando y regulando los derechos de los consumidores europeos. Por ello, en el año 2007, el Real Decreto Legislativo 1/2007, transponía la normativa comunitaria en España.

Actualmente, el Senado debate un nuevo Proyecto de Ley de Consumo en el que se incluyen disposiciones que responden a las más recientes necesidades sociales: el uso del cigarrillo electrónico, la publicidad telefónica o las facturas electrónicas (e-servicios), entre otros. A toda esta 'maraña' legislativa estatal y comunitaria debemos sumar numerosa normativa específica no solo nacional sino también autonómica y local, pero...pese a todo ello, los casos en los que los consumidores y usuarios se ven desprovistos de protección se suceden a diario.

¿No está la realidad social adecuadamente recogida en las normas? ¿Es la legislación condición necesaria pero no suficiente para la protección de los consumidores?