Una ley de información pública -que la mayoría de europeos ya tienen- y que afectaría al Gobierno, a las Administraciones Públicas, a los órganos integrantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial en relación con sus actividades administrativas, y a otras entidades, públicas o privadas, que ejerzan funciones públicas. La negrita nos empuja a pensar en colegios profesionales, los mismos que deberían hacer públicos sus listados de colegiados, aunque la ley no les obligue a ello. Se trata de una cuestión de confianza. No hablamos de un capricho, sino de poner la primera piedra para que las instituciones colegiales se sumen a la política de transparencia alentada por la UE.
Ya hay ejemplos de registros, como el recién creado de médicos cooperantes. Una solución intermedia, dirán algunos. Transitoria. De principios. Para después de las próximas elecciones queda el empuje (o el freno) legislativo que se traduzca en un cambio cultural.
