Las profesiones, comprometidas con la sociedad

Dice el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Hoy, 65 años después de la promulgación de esta Declaración, su aplicación continúa sin ser una realidad en todas las regiones del planeta. Y en épocas de recesión, las esperanzas de que lo sea se difuminan todavía más. Aún así, no debemos cejar en nuestro empeño de construir un mundo donde la igualdad sea protagonista indiscutible. Una igualdad que debe estar asimismo presente en el acceso a los servicios profesionales.

Desde las profesiones, articuladas dentro de organizaciones colegiales, procuramos que ninguna persona se encuentre desamparada en la protección de sus derechos e intereses legítimos haciéndole llegar todo tipo de servicios profesionales en cualquier lugar del mundo. Es nuestra firme intención pero, por desgracia, no se aplica por igual en todos los lugares. En esta línea, como quedó patente en la actividad titulada 'La contribución de las profesiones a la consecución de los Objetivos del Milenio' —celebrada en el marco de la 11ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente—, se ha producido en los últimos años una significativa implicación de las corporaciones colegiales en el ámbito de la cooperación internacional, cuya actuación más destacada es el fomento de la solidaridad.

Pero no hay que irse fuera de nuestras fronteras para encontrar ejemplos de cómo se ponen en marcha servicios y programas especiales. La estrecha vinculación de las profesiones colegiadas con los derechos humanos les sitúa en una posición de extraordinaria cercanía a la ciudadanía, a sus problemas y dificultades.

Desde la sociedad civil organizada debemos alzar nuestra poderosa voz —a menudo atacada o minusvalorada— en defensa del interés general y de los derechos de los ciudadanos. En realidad, son también nuestros derechos. Lo hemos hecho siempre y seguiremos haciéndolo. A través de alianzas o de forma individual, son numerosas las iniciativas que desde los consejos generales y colegios profesionales se están desarrollando en materia de derechos humanos, protección del medio ambiente o lucha contra la corrupción. Este último aspecto, de penosa actualidad hoy en día, constituye una de las principales cuestiones a abordar de cara al presente y futuro de nuestro país y de nuestras organizaciones. Todo lo que signifique corrupción ha de ser erradicado de inmediato. No podemos consentir que la delincuencia organizada se convierta en el mayor cáncer de la sociedad que nos ha tocado vivir. Solo así conseguiremos llevar a buen puerto la regeneración democrática que necesitamos con la consiguiente recuperación de la confianza en nuestros políticos.

La aprobación de la Ley Ómnibus en el año 2009 introdujo importantes reformas en los colegios profesionales, incluyendo medidas específicas destinadas al fomento de la transparencia y la gobernanza. Por si fuera poco, ahora, con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno —aprobada a finales de 2013— y la Ley de Servicios y Colegios Profesionales —todavía en fase de anteproyecto—, se vuelve a reiterar el significado de estos conceptos para restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la calidad de nuestra democracia. No obstante, por muchas leyes que hagamos, la solución reside en las personas, en nuestra capacidad de actuar frente a la corrupción y la injusticia con tolerancia cero, independientemente de su envergadura. Es tiempo de compromiso.

 

Tribuna de Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, publicada en el Anuario Corresponsables 2014