Lobbies: coautores de mensajes políticos

Como todo en la vida, algo puede ser bueno o malo según el prisma bajo el que se mire. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los lobbies o grupos de presión, como se suele traducir a nuestro idioma. En el II Ágora de la Comunicación que se celebró ayer en el auditorio de Mutua Madrileña de la mano de Dircom y MasCuota, hemos podido debatir sobre Comunicación Política y sobre la actividad de los lobbistas. Ha sido María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (vamos, la asociación de lobbistas españoles, como ella misma ha especificado al comienzo de su intervención) la encargada de señalar los retos que los profesionales a los que representa poseen de cara a convertirse en coautores de los mensajes políticos. Pero, ¿cómo conseguirlo? Según Rotondo, mediante el registro, la transparencia y la profesionalización, elementos capaces de generar confianza, algo bastante demandado en los tiempos que corren (pero que, en el caso de nuestra selección de fútbol, parece que no carecen de ella como no paraban de repetir ayer los entregados comentaristas)... Supongo que, una vez que estos retos sean cada vez más una realidad en nuestro país, la percepción negativa de los lobbies como sujetos que defienden intereses particulares por encima del todo y de todos irá poco a poco dejando paso a una concepción más positiva que los concibe como el modo de proporcionar conocimientos expertos específicos en sectores económicos, sociales, ecológicos, científicos y de toda índole (definición del Parlamento Europeo).

No obstante, siempre habrá a quienes les venga muy bien ampararse en las imágenes más peyorativas de distintos agentes de la sociedad civil para justificar unos argumentos que más que liberalizadores adquieren tintes radicales fuera de cualquier planteamiento democrático.

Y hablando de transparencia, permitidme traer de nuevo a nuestro blog el concepto del Open Government que tanto facilitaría la labor de los lobbistas y permitiría, sin duda, incrementar el grado de confianza de las administraciones públicas. Y esto ya no es solo cosa de Estados Unidos y Reino Unido sino que en nuestro país ya hay algunas administraciones (como Asturias y País Vasco) que empiezan a hacer sus pinitos.