El pasado domingo 22 de febrero, justo un día antes de la dimisión del ahora ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el diario ABC publicaba la tribuna de Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid, donde habla sobre la situación que vive la justicia en nuestro país y apela a la responsabilidad colectiva. «Sin modificar un esquema orgánico con implicaciones constitucionales, los poderes públicos, los partidos y la sociedad tienen que reforzar la voluntad de entendimiento y la responsabilidad institucional para una armonización competencial de facto, ajena a prejuicios y alineamientos políticos determinados.
En fin, el empeño de todos los que operamos en el sistema de la justicia. La contraposición entre el Estado que monopoliza la acción de gobierno y la sociedad civil que la sufre se difumina mediante la idea motriz de la responsabilidad de todos; de una responsabilidad social aplicada a toda clase de corporaciones, funcionarios, profesionales, cada uno cuidando de mejorar su parcela y también algo de lo que queda fuera de ella. La responsabilidad como extensión voluntaria de la obligación. Hacer antes que pedir.
En el Colegio de Abogados de Madrid acabamos de inaugurar un Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, que nace para impulsar y encauzar la acción de los abogados en favor de la sociedad, con el punto de mira en el derecho de defensa; y un Observatorio de la Justicia que, en conexión directa con los órganos judiciales, tratará de trasladar disfunciones y proponer soluciones en beneficio del justiciable. Pero de poco servirá la mejor disposición si otros operadores jurídicos no cuentan con quienes, parte necesaria del sistema, encarnamos el punto de vista del ciudadano (...)»
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