Las medidas de buen gobierno son esenciales en todas las políticas organizativas; normas que pueden considerarse como vías para generar más confianza entre instituciones, profesionales y la sociedad en general. Es necesario que todas las organizaciones tomen conciencia de la repercusión positiva que tendría, no solo para su imagen, también para sí mismas, la aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Uno de los puntos claves en la implantación de medidas de Buen Gobierno es la participación equilibrada tanto de hombres como de mujeres.
El pasado 28 de enero el Tribunal de Cuentas aprobaba el “Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y 2013”. El informe analizaba la aplicación de la normativa para la igualdad real de mujeres y hombres en todo aquello que pudiera tener relación con el cumplimiento del principio de igualdad en la composición de los órganos de administración de las entidades y la existencia de planes de igualdad. Realizado el análisis, el Tribunal de Cuentas concluía que solo el 15% de las entidades del sector público empresarial estatal con órgano colegiado presentaba una presencia equilibrada de hombres y mujeres en sus consejos de administración, mientras en el 21% de los casos sólo había hombres. Además, cuatro entidades fiscalizadas con más de 250 empleados no cumplían la normativa al no contar con un plan de igualdad aprobado. Este resultado demuestra que todavía está muy lejos la aplicación efectiva de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la que se contempla la obligación de establecer las medidas necesarias para evitar la discriminación laboral entre ambos sexos.
Conscientes de la relevancia que tiene para las organizaciones colegiales aplicar un Código de Buen Gobierno, Unión Profesional ha publicado una Guía de Buen Gobierno en el sector colegial cuyo propósito último es preservar el interés general de la ciudadanía. No podemos olvidar que el Buen Gobierno necesita un marco legal objetivo, que se aplique de forma imparcial y que cumpla con la finalidad principal de la transparencia y la responsabilidad social. En Unión Profesional, seguimos trabajando porque el cambio cultural cale en nuestros profesionales, y, por ende, en la sociedad.
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