Ayer fuimos testigos de un encuentro público en el que pudimos apreciar la buena relación existente entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones colegiales de abogados. ¿Los artífices? El ministro de Justicia, Francisco Caamaño y los principales representantes de los abogados con Carlos Carnicer y Antonio Hernández Gil, a la cabeza.
En su intervención, caracterizada por un vasto conocimiento de las preocupaciones del sector de la abogacía, Caamaño diseccionó todas y cada una de las cuestiones que actualmente están en el candelero en esta profesión, despejando en algunos casos importantes dudas en relación a los plazos de tramitación de algunas leyes de especial interés para nuestros abogados, como es el caso de la Ley de Acceso.
El ministro demostró también amplio entendimiento en lo que a la idiosincrasia de las organizaciones colegiales se refiere, llegando a afirmar que «sería un grandísimo error contemplar el proceso de liberalización como algo incompatible con la institución colegial» en alusión a la reforma de los colegios profesionales planteada desde la Ley Ómnibus. El representante de Justicia justificó tal afirmación en la necesidad de asegurar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, una de las funciones intrínsecas a los colegios profesionales como es el caso de los de abogados. Vamos, que el ministro dejó claro que conoce muy bien el terreno donde pisa (entiéndase que lo digo porque la conferencia fue en el Colegio de Abogados de Madrid) y, con el apoyo mostrado por los altos representantes allí presentes, dicho (re)conocimiento debe de ser mutuo, algo que nos satisface en gran medida entre tanta tierra hostil a la que estamos acostumbrados últimamente.
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