Individualidad y
colectividad son los componentes básicos que aparecen en el escenario de relaciones que toda persona desarrolla a lo largo de su vida. En realidad, constituyen una compleja ecuación con varias variables que, dándoles valores, describen una curva o figura cuyo comportamiento es observado por los estudiosos del individuo y la sociedad, avanzando en su análisis, pero sin dejar de ser una ciencia inexacta y muy compleja. A veces, un enigma. Esto es tan sólo un apunte para recordar que
la participación de la persona en los asuntos de la colectividad es un campo que ha evolucionado y que se ha venido consolidando, aunque quizá presente algunas carencias producto del comportamiento humano que discurre por su eterno dilema entre egoísmo y generosidad.
Recientemente, la Unión Europea (UE) aprobaba el
Reglamento 211/2011 del Parlamento y del Consejo, de 16 de febrero, sobre la iniciativa ciudadana europea cuyo objetivo reside en el traslado de aquellas inquietudes ciudadanas que resulten viables y que se articulen mediante la creación de un comité ciudadano de, al menos, siete personas de otros tantos países que representen a una cuarta parte de los países comunitarios y que recojan un millón de apoyos mediante un sistema o instrumento accesible, transparente y cómodo. En definitiva, se podría decir que se trata de
articular más democracia mediante la voz directa de los ciudadanos. El mencionado reglamento entrará en vigor el 1 de abril de 2012 y aún queda por concretar algunos aspectos de su puesta en marcha.
En los estados de la UE existen también mecanismos que responden al principio de participación, así como al desarrollo de los derechos del ciudadano. Concretamente en España,
la Constitución —en su artículo 87.3— prevé el derecho de iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley en determinadas materias, lo que se articula mediante la acreditación de 500.000 firmas. Estas vías directas de participación en los asuntos públicos resultan un tanto complicadas y, a veces casi inviables, aunque hoy en día
con el desarrollo de las tecnologías de la información podría paliarse la dificultad operativa que supone reunir tantos apoyos acreditados.
Pero el planteamiento es cómo conformar la verdadera participación de los individuos ante los poderes públicos, más allá de los sistemas de participación ciudadana, tanto de las Cortes Generales como Autonómicas, que los partidos políticos vienen articulando. Si analizamos este aspecto desde la democracia participativa hemos de hacer observar que
es más democrático que todos los ciudadanos participen directamente en aquellas decisiones relevantes y no sólo a través de los partidos políticos a los que en elecciones dieron su confianza. Es el pacto social por el Estado democrático. La cuestión es que hay sistemas que “desconectan” en la práctica al ciudadano respecto de ciertas decisiones que, por los mecanismos electorales, representativos, dejan al ciudadano “en un rincón”, con pocas alternativas, con voz, a veces potente, pero que se la lleva el viento. Su función en el sistema tiende a limitarse a votar cada cuatro años.
Este fenómeno se está denunciando, pero sigue igual.
Hay que cambiar las normas para que se restituya la verdadera democracia que ha de llevar el atributo de participativa para ser real. Para ello, se requieren mecanismos accesibles en el ámbito de la gestión de los asuntos públicos y gobiernos abiertos y receptivos, que operen bajo un esquema de diálogos y consenso. Descrito así el panorama democrático, y centrándonos en España, podemos observar que hay, además de la iniciativa popular, otras formas o vías muy potentes para el desarrollo de la participación ciudadana a través de
organizaciones, plataformas, asociaciones y otras manifestaciones grupales, que si sus objetivos o fines están impregnados de interés general, resultan ser relevantes en la sociedad actual.
El asociacionismo es quizá una de esas vías. De hecho,
constituye uno de los derechos fundamentales (art. 22 CE) que las democracias traen para que las personas trasladen colectivamente sus peticiones, intereses, propuestas, etcétera. Pero estas no han de quedar como meras manifestaciones sociales cuyas energías no se canalicen adecuadamente, sobre todo, aquellas energías cargadas de razón.
Hay que estructurar las asociaciones y crear incluso confederaciones, uniones u otros grupos de interés (verticalidad), que canalicen óptimamente el impulso participativo.
Para ello, habrá que centrarse bien en los objetivos, alineándolos con los de otras organizaciones afines (horizontalidad), lejos de protagonismos ineficientes, y estar además en sintonía con el interés común. Así, nos encontraremos con entidades con gran capacidad participativa que, dirigidas con liderazgo y gestionadas profesionalmente, pueden alcanzar altos niveles de eficacia en la consecución de sus fines.
Ayer, 21 de julio, el Parlamento daba el visto bueno a la Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del sistema de Seguridad Social, comúnmente conocida como Reforma de las Pensiones por cuanto modifica el régimen jurídico del que gozábamos hasta ahora.
