Los profesionales catalanes están de enhorabuena, el Gobierno de Cataluña ha remitido al Parlamento la llamada ley de Universalización (de la Sanidad) con el propósito de ampliar la cobertura sanitaria a colectivos que aún no la disfrutaban -como los profesionales liberales colegiados con mutualidades alternativas al régimen de autónomos-. Estos, junto a religiosos, rentistas y parados con rentas superiores al salario mínimo interprofesional, son los afectados de un vacío legal que este Gobierno pretende subsanar.
La ley trae consigo un convenio con los colegios profesionales cuyo objetivo es repartir tarjeras sanitarias para los profesionales liberales en la situación que apuntaba antes. La experiencia piloto -que, presumiblemente, se extenderá al resto de profesionales liberales colegiadas- afecta por el momento a los abogados. Esta tarjeta garantizará a todos aquellos que optaron por la Mutualidad de la Abogacía en vez de por la Seguridad Social acceso a los hospitales públicos y financiación de prótesis y de medicamentos, entre otros servicios sanitarios.
Y es que, gracias a esta ley, unas 60.000 personas -de las 300.000 que están en esta situación en España- verán mejorada su calidad de vida. Esperemos que las 240.000 restantes no tengan que esperar demasiado tiempo para ver su situación igualada a la de los profesionales catalanes.
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