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La ley trae consigo un convenio con los colegios profesionales cuyo objetivo es repartir tarjeras sanitarias para los profesionales liberales en la situación que apuntaba antes. La experiencia piloto -que, presumiblemente, se extenderá al resto de profesionales liberales colegiadas- afecta por el momento a los abogados. Esta tarjeta garantizará a todos aquellos que optaron por la Mutualidad de la Abogacía en vez de por la Seguridad Social acceso a los hospitales públicos y financiación de prótesis y de medicamentos, entre otros servicios sanitarios.
Y es que, gracias a esta ley, unas 60.000 personas -de las 300.000 que están en esta situación en España- verán mejorada su calidad de vida. Esperemos que las 240.000 restantes no tengan que esperar demasiado tiempo para ver su situación igualada a la de los profesionales catalanes.
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