Aunque, como dijo Elisa de la Nuez en la mesa-coloquio celebrada en el Consejo General de la Abogacía Española esta semana, «transparentes se puede ser siempre», en ocasiones tiene que aprobarse una ley para que el fenómeno cale y se implante a todos los niveles.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales del 2013 y pendiente de entrar en vigor el 10 de diciembre del presente año, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se perfila como una norma que, aún con algunos puntos débiles como quedó resaltado en la mesa-coloquio mencionada, va a provocar toda una serie de cambios en el comportamiento de los ciudadanos con las administraciones públicas y viceversa. Así quedó patente asimismo durante la jornada celebrada ayer por el REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas.
Pero esta ley no solo afecta a las administraciones públicas sino también a todas aquellas instancias de claro componente público como puedan ser los sindicatos, partidos políticos, asociaciones empresariales y organizaciones colegiales, entre otras, tal y como se recogía en la revista Profesiones (nº139 y nº146).
Aunque en la Ley Ómnibus (aprobada en 2009) ya se aludía a la publicación de memorias anuales por parte de los consejos generales y colegios profesiones —destacando aquellos aspectos que debían figurar en las mismas—, ahora, en la Ley de Transparencia, se vuelve a incluir a estas entidades en calidad de corporaciones de derecho público que son y, por tanto, sujetas a lo establecido en esta norma. Porque, como afirmó Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, «debemos terminar con los territorios opacos» y, para ello, nada mejor que abrir las puertas y ventanas de nuestras organizaciones al grito de: Pasen y vean.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales del 2013 y pendiente de entrar en vigor el 10 de diciembre del presente año, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se perfila como una norma que, aún con algunos puntos débiles como quedó resaltado en la mesa-coloquio mencionada, va a provocar toda una serie de cambios en el comportamiento de los ciudadanos con las administraciones públicas y viceversa. Así quedó patente asimismo durante la jornada celebrada ayer por el REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas.
Pero esta ley no solo afecta a las administraciones públicas sino también a todas aquellas instancias de claro componente público como puedan ser los sindicatos, partidos políticos, asociaciones empresariales y organizaciones colegiales, entre otras, tal y como se recogía en la revista Profesiones (nº139 y nº146).
Aunque en la Ley Ómnibus (aprobada en 2009) ya se aludía a la publicación de memorias anuales por parte de los consejos generales y colegios profesiones —destacando aquellos aspectos que debían figurar en las mismas—, ahora, en la Ley de Transparencia, se vuelve a incluir a estas entidades en calidad de corporaciones de derecho público que son y, por tanto, sujetas a lo establecido en esta norma. Porque, como afirmó Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, «debemos terminar con los territorios opacos» y, para ello, nada mejor que abrir las puertas y ventanas de nuestras organizaciones al grito de: Pasen y vean.
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