Independencia incómoda

Los últimos días se han sucedido informaciones vinculadas a la acción de organizaciones profesionales que denuncian situaciones «injustas» o «ilegales» que impactan directa y negativamente en el ciudadano. Es el caso del «falso médico» andaluz, cuya alerta vino a través del Colegio de Médicos de Almería. También es el caso de los ingenieros industriales de Madrid que consideran que la ordenanza municipal que privatizará funciones públicas, como la de las licencias urbanísticas, contiene «serios defectos legales», además de imponer obligaciones y cargas a los ciudadanos que ninguna ley contempla.

También es el caso de la Abogacía, que la pasada semana daba voz a los letrados a través de un estudio que ponía de manifiesto una «nefasta organización de la Administración de Justicia». En todos estos casos, a la crítica le sucede una propuesta: evitar que «falsos médicos» puedan ejercer la profesión impunemente, a través de un registro colegial universal de ejercientes; ofrecer al Ayuntamiento de Madrid ayuda para dar, al menos, seguridad al nuevo modelo de licencia urbanística impuesto o plantear un Pacto de Estado para la remodelación a fondo de la organización y funcionamiento de la Justicia.

Ese es el valor de la independencia de las organizaciones colegiales, el que permite juzgar situaciones concretas desde la experiencia y el conocimiento, destacando las virtudes, los defectos y los efectos de las decisiones políticas y definiendo alternativas ligadas siempre a reducir los riesgos de estas sobre el ciudadano, destinatario final de los servicios.